¿POR QUÉ “RESCATAR” MUNICIPIOS EN QUIEBRA SERÍA UN ERROR?

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Ayer el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, dejó en claro que el gobierno de la República no puede hacer un “rescate” de estados o municipios quebrados o con problemas financieros. Esta decisión expresa, para decirlo con claridad, que el funcionario no es un “tecnócrata” como algunos lo han calificado, sino algo muy distinto: un político con inteligencia financiera.

Esta, por cierto, un bien escaso que no se adquiere con grados académicos.

La historia no solo de México sino de muchos países alrededor del mundo, y el momento presente,  así lo demuestran. Sobran los ejemplos de maestros o doctores en economía, formados en las universidades más prestigiadas, que han tomado decisiones de gobierno que atentan contra el elemental sentido común.

Sobra decir que siempre, el resultado de querer desafiar las fuerzas naturales de la economía y del mercado con la de la política, es un desastre que crece en proporción directa a la gravedad del error.

Por eso, es muy positivo que el encargado de las finanzas nacionales, cumpla bien con la tarea encomendada por el presidente de la República.

Pero, ¿por qué es un sinsentido “rescatar” no solo municipios o estados, sino empresas o países enteros en quiebra?

La respuesta no es difícil: en la economía como en la vida, nada es gratis ni existen las inversiones de “riesgo cero”.

Es muy importante entender esto, porque en ocasiones por la premura de querer solucionar un problema, se empeora otro mayor. Se pierde de vista que un “rescate” es, de hecho, la asunción de un compromiso, una deuda, por parte de un tercero que en el inicio no estaba involucrado, y que por tanto, no tiene por qué asumirla. Con las suyas, ya tendrá suficiente.

Ver esto en el plano personal, es elocuente: a nadie le parecería ser forzado a entrar a “apoyar” a un vecino a liquidar su hipoteca, cuando por su irresponsabilidad en el gasto ya no pudo seguir pagando. Los costos, en este caso, deberían correr a cardo del deudor, que podría perder su casa y activos, y del acreedor o acreedores, que perderán seguramente una parte del dinero prestado. Nadie más.

Así es como deben funcionar las cosas en el mercado. Es la forma en que éste logra su equilibrio pues, una vez admitida la bancarrota, el ciclo puede reiniciarse desde cero, es decir, con bases sólidas tras las cuales, todos se pueden recuperar. No es el fin del mundo, es lo normal.

Sin embargo, esta realidad es la que una y otra vez se han negado a aceptar gobiernos como el de Estados Unidos o los de la Unión Europea, que pretenden salir de una crisis creada por exceso de gasto y deuda, “salvando” economías o grandes bancos con cargo a sus ciudadanos.

En otras palabras, se empezó con un problema y se terminó con otro más grande con cargo a quien no la debía, y que más tarde, quebrará también.

Pero la pregunta es, ¿tiene incentivos a cuidarse de los riesgos, alguien que sabe que cuando entre en problemas alguien más pagará por él?

Igual aplica para los prestamistas: ¿se sentirán muy motivados a seleccionar a sus clientes, sabiendo que en caso de apuros el gobierno saldrá al quite?

Por eso existen las tasas de interés. Alguien con mayor fortaleza financiera y buen historial, merecerá una mejor que otro menos favorecido, pero para que ese mecanismo funcione como debe es fundamental que se establezca en un mercado auténticamente libre. Imponerlas, es un engaño.

En este sentido, podrá comprenderse mejor por qué manipular los tipos de interés a la baja con el pretexto de “estimular” la economía –como lo hace la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo y el de Inglaterra por citar algunos, solo puede tener efectos devastadores: se parte de la misma falacia del riesgo cero, cuando lo que se vive es producto de una burbuja de crédito que ha reventado, y que se pretende de manera inútil volver a inflar. No se puede apagar un incendio rociando gasolina.

Ahí radica la urgencia de ajustes legales que el presidente Peña Nieto anunció desde su toma de posesión, antes de que el tema del financiamiento de estados y municipios se vuelva inmanejable, pero también, antes del siguiente coletazo de la crisis global que dista mucho de acabar.

Poner orden es indispensable, tanto como que los gobiernos estatales y ayuntamientos pongan manos a la obra en el mejoramiento de su recaudación y el recorte de sus gastos. El dispendio, bajo el pretexto que sea, no tiene justificación.