Columna Invitada
Gabriel Quadri De la Torre*
Gabriel Quadri De la Torre*
¿Qué se venderá y qué se comprará en
el nuevo mercado nacional de electricidad? ¿Energía (Mega-watts-hora),
capacidad o potencia firme de generación (Mega-watts disponibles todo el
tiempo), sólo capacidad establecida (Mega-watts intermitentes), Certificados de
Energía Limpia (CEL), Derechos de Acceso a la Red y de Transmisión? La
Secretaría de Energía debe resolver esto con absoluta claridad, para permitir
un sano desarrollo del mercado de electricidad en México, y desde luego, de las
energías renovables.
Aunque no nos demos cuenta, puede
estarse gestando una revolución energética en nuestro país. No es panegírico
gobiernista (algo ahora políticamente incorrecto) por la Reforma Energética. El
hecho es que a partir de las modificaciones constitucionales, y con la
desagregación de la cadena de valor en electricidad, la apertura a la
iniciativa privada, y con el desarrollo de un mercado, se multiplicaron las posibilidades
para las energías renovables, y con ello, para la reducción significativa de
emisiones de gases de efecto invernadero y para una verdadera soberanía
energética. Más aún, con la nueva legislación secundaria, en particular de la
Ley de la Industria Eléctrica, se creó un inédito (en México) instrumento de
política pública para la sustentabilidad: los Certificados de Energía Limpia.
La Ley obliga a los generadores de
electricidad (incluyendo a la CFE) y a los grandes consumidores (usuarios
calificados) a producir o a consumir un porcentaje de Energía Limpia a partir de 2018, que es determinado por la
Secretaría de Energía; porcentaje que será creciente a lo largo del tiempo. Se
ha establecido el 5% como primera aproximación, lo que significa grosso modo
que en tres años México tendrá que haber instalado alrededor de 3,000 MW de
generación limpia (solar, eólica,
hidráulica, geotérmica, nuclear, cogeneración, biomasa). Esto significa alternativamente,
duplicar la capacidad eólica en operación en la actualidad, equipar 1 millón de hogares hogares con
paneles solares fotovoltaicos, construir unas 6 grandes presas hidroeléctricas
o dos plantas nucleares del tamaño de Laguna Verde (estas últimas, algo
imposible en un período tan breve), o multiplicar por tres toda la capacidad
geotérmica existente. Como quiera que se vea, las cosas van en serio.
Tentativamente, tal objetivo implica inversiones de unos 10 mil millones de
dólares, lo que tendrá un impacto enorme en la economía y en el empleo. Todos
ellos deberán ser proyectos nuevos
que hayan entrado en operación después de agosto del 2014.
Los productores o grandes
consumidores que no cumplan con esta obligación del 5% pagarán una multa
considerable o tendrán que comprar en el
mercado Certificados de Energía Limpia (CEL), que serán otorgados por la Comisión
Reguladora de Energía a los generadores correspondientes. El precio de los CEL
dependerá de lo estricto de las metas obligatorias, de la posibilidad de
diferir tales obligaciones en un periodo de 3 años, de los costos marginales de
generación por cada tecnología limpia, y de las conductas especulativas de los
actores en el mercado.
El desafío es sincronizar o
compatibilizar estas metas o volúmenes de CEL con los proyectos aprobados, con los
objetivos de generación total de electricidad con fuentes limpias que han sido
establecidos en la Ley de Cambio Climático y en la Ley de Transición Energética
(que probablemente será expedida en breve) para el 2024 (35%), y por supuesto,
con los compromisos que México ha asumido de reducción de emisiones para el 2026
y el 2030. Todo ello no es claro aún. Grave sería que por una deficiente
planeación no hubiera suficientes CEL en el mercado, y su precio se disparara,
o viceversa, o que tuvieran que pagarse por ello multas cuantiosas. Por último,
debe impedirse que se cuele el gas natural como energía limpia, sería desastroso y fraudulento.
*Ingeniero Civil, Economista, Ambientalista, Badmintonista, ex candidato a la presidencia de la República.
Twitter: @g_quadri
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