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En enero dedicamos dos artículos
a “El Estado policíaco y la guerra
contra el efectivo”. Explicamos que el poder intervencionista estatal
tiende cada día más a controlar todo en la vida de sus ciudadanos, y que para ese
fin, era indispensable “evolucionar” hacia métodos de pago que le quitaran a
estos la confidencialidad en sus operaciones. El pretexto perfecto es el
combate a la minoría que se dedica al crimen organizado y al lavado de dinero
–aunque los delincuentes sigan operando siempre a pesar de las restricciones,
pero en el fondo de lo que se trata es de ampliar
la vigilancia sobre la absoluta mayoría de ciudadanos. Esa tendencia es
global.
Así, el dinero fíat –la misma moneda
de curso legal de cada país, pierde valor por decreto para determinadas transacciones
y montos. Por ejemplo, en México la llamada “Ley Antilavado” de dinero
establece perniciosos límites y prohibiciones al uso de efectivo en actividades
que considera “vulnerables”. A propósito, en el Senado la legisladora Blanca
Alcalá encabezó las negociaciones para presentar una iniciativa que permitiera aflojar
esa camisa de fuerza. Sin embargo, aunque ya está en comisiones no se ve para
cuando pueda caminar en el Congreso.
De modo que el círculo de
complicidad Estado-banqueros se cierra: entre menos operaciones haya fuera del
sistema electrónico bancario, habrá más control sobre los ciudadanos, registro
sobre sus gastos, lugares y hábitos de compra, pago de impuestos, etc. Mientras
tanto, gracias al sistema de reserva fraccionaria, entre más recursos cautivos
tienen los bancos más dinero pueden crear para su lucrativo negocio. El sueño de
ambos es un mundo en el cual todo
movimiento financiero pase por los ojos y manos de estos “Big Brothers”.
Pues bien, esta guerra contra el
efectivo –que en esencia es una lucha contra la libertad individual, parte de
que todo aquel que lo utilice puede ser sospechoso de la comisión de un delito,
de “atentar” contra el Estado o alguna de sus instituciones. Claro está, el
criterio a partir de cuánto se considera “mucho” queda a consideración de
legisladores, funcionarios oficiales y banqueros.
El problema que el uso de
efectivo representa –conforme la siguiente etapa de la crisis financiera
mundial se aproxima, los está orillando a proponer, de plano, su abolición.
Por ejemplo, Bloomberg dio a conocer hace unas
semanas cómo Willem Buiter, de Citi, aseguró en un artículo que el efectivo se
vuelve una piedra en el zapato de los banqueros centrales, pues impone un
límite de hecho a su política de reducir las tasas de interés para “estimular”
la economía. Y es que como aquí también hemos explicado, las políticas laxas de
los bancos centrales propician el aumento en la especulación, encarecimiento de
los bonos y que las tasas de interés se proyecten a terreno negativo. Algunos
de ellos ya hasta cobran esa penalización por tener depósitos. Ante eso, los
inversores se preguntan: ¿para qué tener estancado el dinero prestándoselo a
alguien que nos devolverá menos? Retirarlo
y ponerlo en un lugar seguro se convierte poco a poco en una mejor opción que
ya está comenzando a suceder.
Para evitarlo, Buiter propone: abolir el efectivo, remover el tipo de
cambio fijo entre éste y los depósitos bancarios y gravarlo con impuestos.
Los tres, son focos amarillos que los ciudadanos no debemos perder de vista,
pues nos están adelantando lo que podrían hacer: robarnos en un nuevo frente
con todas las de la ley. La abolición del efectivo, aunque difícil, podría
hacerse en algunos años en países desarrollados, pero en uno como México sería
imposible todavía. Eso significa que las naciones en desarrollo, en caso
extremo, podrían preferir las opciones dos y tres de la propuesta Buiter.
Su conclusión es que, aunque sí
hay desventajas para lo que pretende, estas son “débiles” en comparación con
los supuestos beneficios que se obtendrían. Aunque no lo digan, lo que quieren
es presionarnos para gastar nuestro
dinero en “beneficio” de la economía, y que su política monetaria funcione
como se supone debería hacerlo.
En este sentido, no sorprende la
nota del
medio suizo SRF, que en marzo informó cómo un fondo de pensiones pensó
evitar la tasa negativa que impusieron en ese país sobre los depósitos,
simplemente retirándolos. Un administrador estimó que así, aun descontando los
costos, por cada 10 millones se
ahorraría unos 25 mil francos. No obstante, el equipo de investigación de
SRF corroboró que ese “gran banco suizo” se negó a hacer la entrega del
efectivo en montos tan grandes. El
presidente de la asociación de fondos de pensiones, Hanspeter Konrad, se queja
de la influencia que el Banco Nacional Suizo está ejerciendo sobre los bancos
privados. Según SRF, dicho banco central ha expresado su “recomendación” a los privados
para que “tomen las solicitudes de retiro de manera restrictiva”.
Como aquí
hemos explicado, las políticas de los banqueros centrales nos seguirán
llevando a aguas inexploradas de las tasas de interés negativas en cada vez más
países y mercados. De confirmarse, en lo que respecta a la guerra contra el
efectivo, aún no hemos visto nada.
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