Esta semana comentamos en el
artículo “¿Debemos prohibir las carnes
procesadas? o legalizar las drogas”, que la
penalización de éstas bajo los argumentos principales de que “hacen daño” y de
que “causan adicción”, es hipócrita y arbitrario. Ironizamos respecto a que
bajo esa lógica, otras sustancias nocivas deberían prohibirse también, como el
tocino, las salchichas o el jamón, pues la Organización Mundial de la Salud ha
revelado que producen cáncer en humanos.
Asimismo, expusimos la
incongruencia de que drogas legales aún
más adictivas y mortales que por ejemplo, la mariguana –como lo son el
alcohol y el tabaco-, estén permitidas e incluso gocen de aceptación social.
Desde luego, no es que queramos
aquí que sea vuelva ilegal tomar tequila, comer carnes frías o fumarse un
cigarro. Todo lo contrario. Cada persona adulta debe asumir su responsabilidad y poder consumir lo que desee, incluso,
si “hace daño”, como la carne o los refrescos.
Por desgracia, nunca faltan los
grupos de “notables”, expertos o personalidades que pretenden imponernos desde
las ONGs o el gobierno, lo que consideran “bueno” o “mejor” para todos.
Es el caso del llamado “Impuesto
al refresco”, una buena muestra de cómo a veces con supuestas buenas
intenciones, se pueden cometer desde injusticias
hasta grandes atrocidades. Por eso debe tenerse cuidado.
El “impuesto al refresco” es injusto, arbitrario y discriminatorio como
todos los IEPS (Impuestos Especiales Sobre Producción y Servicios). En particular,
gravar a las bebidas azucaradas con el propósito explícito de reducir su
consumo, no solo es un atentado contra las empresas que los producen –pues de
forma artera se pretende afectar sus ingresos-, sino contra los consumidores.
De nuevo, bajo ese razonamiento
entonces quizá no tarden en salir a proponer un IEPS a la carne procesada y
roja para disminuir su consumo y con ello, buscar reducir la incidencia de
cáncer. Otro absurdo.
No obsta subrayar que los más
afectados no son los consumidores de mayores ingresos –que pueden afrontar sin
problemas alzas de precio-, sino los menos favorecidos a los que dicen querer
beneficiar. Estos, al encarecerse artificialmente esas bebidas, por supuesto
que en alguna medida se verán obligados –y
ahí radica la injusticia- a dejar de consumir tal o cual producto o a
sustituirlo.
De nuevo, lo anterior se comete
con la idea de que “es por su bien”, para que “no se enfermen”. Han decidido
pues, hacerles el favor de cuidar sus bolsillos y los del gobierno, pues,
aseguran, al estar más sanos ya no tienen que dedicar recursos innecesarios a
gastos médicos ni medicinas.
Esta visión paternalista se suele
apoyar en estudios científicos que, aseguran, confirman lo dañinas que son este
tipo de bebidas. No se duda de ello. Este analista por ejemplo evita al máximo
beber refrescos. El punto de nuevo es que la
decisión en libertad de qué se toma o no, debe corresponder en exclusiva al
individuo adulto.
Por cierto, se suele argumentar
que con este tipo de políticas impositivas, se protege en especial a los niños.
Los apologistas de este tipo de
medidas pasan por alto, a conveniencia, que son los padres de esos menores quienes deben decidir lo que sus hijos pueden
o no beber. Nadie más.
La responsabilidad pues, de lo
que se ofrece a los menores en las escuelas, corresponde nada más a los padres
de familia de la comunidad escolar de que se trate. No es “papá gobierno” ni
los grupos de “notables” de la sociedad civil quienes deben imponer su criterio,
pues esto viola el más elemental principio de justicia: el de libertad.
Todo impuesto implica una
confiscación de la propiedad privada, y justo por ello, los gravámenes deben ser los mínimos posibles. Pero “Impuesto
al refresco” es un síntoma más de la locura en que se ha convertido nuestro monstruoso
aparato fiscal, como consecuencia de un Estado obeso que estorba al crecimiento económico y desarrollo nacionales.
Por desgracia, todo indica que en
la actual administración ningún IEPS desaparecerá ni el resto de tributos va a
disminuir. Cuando entendamos que el problema no es de ingresos, sino del
excesivo gasto público y de falta de libertad, habremos dado el primer paso
decidido hacia delante. Por ahora, eso seguirá siendo un sueño.
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