La huida de Joaquín Guzmán Loera,
o “El Chapo” como le conoce todo mundo, es sin duda una vergüenza mundial. Pero
para nadie debe ser más vergonzoso que para el gobierno Federal, que en voz del
propio presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se comprometió a que
esto “no volvería a ocurrir”. Lo
anterior ocurrió durante una entrevista para Univisión que le hiciera el
año pasado el periodista León Krauze.
En este entonces, Krauze le dijo
al presidente que la gran mayoría de mexicanos consideraba que el Chapo se
podría volver a escapar, y este contestó que era “una obligación” impedirlo.
Esa obligación falló de nuevo.
Peña Nieto debe estar muy molesto
con el máximo responsable de la seguridad pública en el país, el secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a quien hizo volver desde Francia –donde
se encontraba para acompañar al presidente en una gira de trabajo, para
encabezar las investigaciones.
En la aludida entrevista, Peña Nieto
aseguró que sería “imperdonable” una
nueva fuga de Guzmán Loera y que todos los días le pedía al titular de
Gobernación que se asegurara de tenerlo “bien vigilado”. Para ser claros, el
tamaño de la falla –si de verdad es imperdonable para el Ejecutivo, debería significar que “rodara la cabeza” de
Osorio Chong, aunque eso implique truncar sus aspiraciones presidenciales. ¿Tomará
el presidente una decisión de ese tamaño? Ya veremos.
Como quiera, menos probable que eso es que volvamos a ver al Chapo en la cárcel.
Ojalá estemos equivocados.
Más allá de ello, la fuga del
Chapo debe ser una nueva gran oportunidad de ir más allá del mero debate de la
legalización de las drogas. La “guerra” en contra de ellas es un fracaso
global, pero en el caso de México es una causa de sangría permanente en lo
social, lo político, la seguridad pública, etc.
El poder que adquiere la
delincuencia organizada con los enormes recursos que percibe por el tráfico
ilegal de drogas, es algo contra lo que nada
se podrá hacer desde el gobierno, y menos, cuando la corrupción en él es la
regla y no la excepción.
Además, el consumo es una responsabilidad
personal que como tal debe ser asumida, del mismo modo que el de otras drogas
como el alcohol o el tabaco. La intervención del Estado para tratar de impedir
lo que sus ciudadanos quieren hacer, termina empeorando todo y atenta contra su libertad.
El empresario Ricardo Salinas
Pliego, abordó el jueves pasado el tema de la legalización en su artículo “La
guerra contra las drogas ha fracasado, es momento de avanzar”. Salinas
recuerda el fracaso de la prohibición del alcohol en Estados Unidos durante el
siglo pasado y los efectos adversos que tuvo sobre la sociedad, la industria y
la agricultura.
Asimismo, acusa con acierto a la
política de “guerra” dictada desde Washington y las Naciones Unidas como
responsable del alto precio que México paga con la sangre de sus ciudadanos. Al
citar datos del Informe Global sobre Homicidios 2013 publicado por la Oficina
de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, señala que “en 2012, casi
medio millón de personas fueron asesinadas a nivel mundial. Más de una tercera
parte de estos homicidios ocurrieron en América Latina”. Por lo anterior,
afirma que la guerra contra las drogas
es en realidad una contra Latinoamérica.
Salinas Pliego concluye con un
llamado a realizar un cambio urgente que legalice y regule las drogas, empezando
por la marihuana, y pone como ejemplo las campañas para prevenir el
consumo del tabaco –un producto mucho más adictivo que la Cannabis, que han
sido bastante exitosas. Esto permitiría “liberar” nuestros sistemas de justicia
para que se enfoquen en “garantizar la seguridad de las personas, los derechos
de propiedad y para que sean capaces de combatir eficazmente los delitos que
más lastiman a la sociedad”. Tiene razón.
Que la fuga del Chapo entonces no
se quede en un asunto de recaptura de un delincuente. Tomemos la oportunidad de
ir a fondo en el tema de las drogas. Entre más nos tardemos, más caro será el
precio que habremos de pagar.
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